El drama de los mineros atrapados en una
mina en la III Región y cuyo rescate mantiene en vilo a todo el país, ha hecho
aparecer, una vez más en la historia nacional, el fantasma del llamado salario
del miedo.
Tal como ocurrió a las puertas del
Primer Centenario, la acumulación de tensiones provenientes de la brecha de la
desigualdad hace emerger, aunque todavía de manera incipiente, condiciones
sociales para una reacción insidiosa y desestabilizadora de la paz social.
Lo de Atacama es un punto más en una
cadena de situaciones que se han producido también en otros ámbitos durante
toda la última década. Precariedad de vivienda y marginalidad en los centros
urbanos; desvalorización de la educación como mecanismo de equilibrio y movilidad
social; indefensión frente a las empresas en materia de servicios públicos
básicos; inestabilidad en los mercados laborales; creciente violencia urbana
juvenil; abandono de la tercera edad.Al
mismo tiempo que el país experimentaba, de manera sostenida, el período más
largo y de mayor crecimiento económico en su historia.
Un choque brutal entre un crecimiento
económico que genera grandes fortunas, y que permiten al Estado desarrollar una
vasta red de obras públicas y un país conuna apariencia de modernidad sustentable, mientras una parte importante
de la población no recibe los beneficios del progreso económico y retrocede a
niveles graves de precariedad y desprotección social.
El economista Patricio Meller, en un lúcido, y
poco leído, artículo publicado en la revista Perspectivas del Departamento de
Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, (octubre de 1999), plantea
que el tema ha estado presente en el debate chileno desde el siglo XIX. Y cita
en la introducción algunos párrafos de Valentín Letelier, de perfecta
actualidad: “qué es lo que necesitan los
grandes para explotar a los chicos, los fuertes a los débiles, los empresarios
a los obreros, los hacendados a los inquilinos, los ricos a los pobres? Sólo
una cosa: libertad, o sea la garantía de que el Estado no intervendrá en la
lucha por la existencia para alterar el resultado final en favor de los
desvalidos. Eso es lo que el sistema de libre mercado da a los más poderosos”
“¿Y cómo ayudar a los más desvalidos a mejorar su situación? Se requiere de la
protección del Estado para que posibilite la igualdad de oportunidades en un
mundo de desiguales: “no hay desigualdad mayor que la de aplicar un mismo
derecho a los que de hecho son desiguales”. “la política no es el arte de
establecer un sistema de libre mercado; es el arte de satisfacer necesidades
sociales”
En la actualidad hemos visto diferentes
planteamientos y debates sobre salario ético, protección social, ingreso ético
familiar, motivados por movilizaciones sociales fuertes,que demuestran, al menos aparentemente, que
las elites estarían sensibilizadas para generar un freno al deterioro. Pero en
la práctica no se avanza mucho.
Cuando durante el Gobierno de Ricardo
Lagos se generó una presión empresarial por lo que se denominó excesos de control
de la Dirección del Trabajo, dirigida entonces por la socialista María Ester
Feres, fue un ministro de su mismo partido, Ricardo Solari, quien tuvo una
ambigua actitud en el tema y estuvo de acuerdo con su remoción.
Los excesos de control eran acciones
orientadas, precisamente, a controlar situaciones como las que hoy lamentamos
en la mina de Atacama.